Semovi iniciará acciones legales contra aplicaciones de mototaxis
La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad vial y recordó a la ciudadanía que las motocicletas no están autorizadas para operar como medio de transporte de personas.
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Debido a un incidente grave ocurrido el miércoles 23 de julio en Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, la Secretaría de Movilidad (Semovi) emprenderá acciones legales contra las aplicaciones que ofrecen transporte de pasajeros en motocicletas, una práctica que actualmente está prohibida por el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
En un comunicado oficial, la dependencia reiteró su compromiso con la seguridad vial y recordó a la ciudadanía que las motocicletas no están autorizadas para operar como medio de transporte de personas.
Así mismo, hizo un llamado a la población a utilizar únicamente opciones de movilidad reguladas y seguras, y aseguró que continuará reforzando la vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente para proteger a todos los actores de la movilidad en la ciudad.
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En la Ciudad de México, existen algunas aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros en motocicleta, el cual está prohibido por la normativa vigente.
Algunos son:
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- Picap: plataforma especializada en traslados en moto en CDMX desde 2018, que también atiende entregas de mercancías.
- DiDi Moto: servicio que forma parte de DiDi y permite viajes en motocicleta, aunque opera sin autorización en la capital.
- Uber Moto: modalidad de Uber disponible en varias ciudades de México, que también está operando en CDMX sin contar con el permiso correspondiente.
Futuro de Didi Moto, Uber Moto, y otros servicios similares
Lo más probable a corto plazo es un bloqueo firme al servicio de transporte de personas en moto, acompañado de operativos y sanciones.
En el mediano plazo, si hay presión social o demanda significativa, podría surgir una ventana para la regulación parcial, aunque muy limitada y enfocada en seguridad.
Las autoridades hoy parecen tener una postura clara: primero garantizar la seguridad y la legalidad, antes que adaptarse a la oferta tecnológica.
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